Caribbean Golf Academy ha presentado una moción al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que se inicie el proceso administrativo adjudicativo sobre la renovación del permiso de operación del vertedero de Carolina. Basándose en un dictamen del Tribunal de Apelaciones, la empresa busca que se reconozcan sus derechos como parte opositora a la expansión de la instalación. Luis Rivera Ortiz, presidente de Caribbean Golf Academy y Hacienda Campo Rico, enfatizó la necesidad de que la agencia disponga de toda la información antes de tomar una decisión final.

Rivera Ortiz afirmó que la expansión del vertedero ha impactado directamente su propiedad y que el proceso de renovación debe evaluar si esta expansión puede autorizarse mediante un permiso vencido. Señaló que el Municipio de Carolina y su operador, Landfill Gas Technologies, presuntamente no cumplieron con las condiciones del permiso, operando fuera de las zonas autorizadas y causando derrames de lixiviados.

El área en cuestión comprende aproximadamente 17 cuerdas de la Zona de Amortiguamiento, parte del carso y del Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones, que alberga recursos históricos y especies en peligro. Rivera Ortiz argumenta que la expansión no siguió los procedimientos legales necesarios, como la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El ingeniero destacó que las solicitudes de renovación de 2011 y 2024 del Municipio no informaron adecuadamente sobre la expansión hacia la Zona de Amortiguamiento, un área de conservación ecológica. También cuestiona la falta de detalles sobre el impacto en Hacienda Campo Rico y la ausencia de una mensura detallada de la expansión de la Celda C.

Rivera Ortiz espera que el DRNA obtenga toda la información relevante antes de decidir sobre la renovación del permiso, evitando validar una expansión cuestionada. Insiste en la necesidad de un proceso riguroso que incluya una DIA, el cese de actividades ilegales y la mitigación de daños. Aunque no se opone al vertedero, rechaza la expansión hacia la Zona de Amortiguamiento por su impacto ecológico y en las operaciones ecoturísticas de las entidades que representa.

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