Desde 2023, el vertedero de Carolina ha sido objeto de denuncias públicas relacionadas con posibles impactos ambientales en una zona descrita por denunciantes y opositores como altamente sensitiva. Lo que comenzó con publicaciones y señalamientos ciudadanos fue escalando con el tiempo hasta convertirse en un asunto de discusión pública, legislativa y judicial.

El 19 de abril de 2023, Eliezer Molina publicó un video en el que denunció que en el área del Cerro San José, en Carolina, se estaba afectando un asentamiento indígena y que había tuberías vinculadas al manejo de lixiviados en el vertedero y zonas cercanas. En su señalamiento, sostuvo que esos lixiviados estaban siendo descargados hacia aguas subterráneas que, según expresó, conectan con el Río Grande de Loíza, el Bosque Estatal de Piñones y la playa de Piñones.

Al día siguiente, el Municipio de Carolina rechazó esas alegaciones y aseguró que eran “totalmente falsas”. En su respuesta, sostuvo que el sistema del relleno sanitario opera conforme a estándares ambientales y explicó que la tubería mostrada en el video correspondía, según su versión, a uno de varios tubos pluviales destinados a canalizar agua de lluvia. También indicó que otra de las tuberías observadas recirculaba el lixiviado hacia la celda, negando que se estuviera vertiendo material contaminante hacia otros lugares.

En esa misma respuesta, el Municipio explicó su proceso de manejo de desperdicios y de control de lixiviados, y además afirmó que la cueva mencionada en la denuncia se encuentra a más de 4,000 pies de distancia de la celda en uso.

Sin embargo, las denuncias continuaron.

Más tarde ese mismo 20 de abril de 2023, Molina publicó otro video en el que volvió a abordar la cercanía entre el vertedero y el sistema de cuevas y cavernas del área. Allí insistió en que en la zona había olor a aguas sépticas y mostró una bomba de lixiviado ubicada, según se alegó, a poca distancia de las cavernas y de árboles de ceiba. También describió la presencia de acumulaciones visibles de líquido en el terreno cercano.

A partir de ese momento, comenzaron a surgir más publicaciones y expresiones públicas sobre el caso. En varias de ellas se denunció que el problema no se limitaba a la operación del vertedero, sino también a la posibilidad de su expansión hacia terrenos cercanos. Entre los señalamientos repetidos estuvo el posible impacto sobre cuerpos de agua subterráneos y sobre áreas ecológicamente sensitivas vinculadas al Río Grande de Loíza, al Bosque Estatal de Piñones y a la playa de Piñones.

Dentro de ese contexto también se planteó públicamente preocupación por la presencia de ceibas, cavidades, yacimientos, petroglifos y acuíferos subterráneos en la zona. Uno de los reclamos que fue cobrando fuerza era que no se trataba simplemente de un conflicto sobre el manejo de desperdicios sólidos, sino de una controversia más amplia sobre el lugar donde opera el vertedero y sobre las implicaciones de cualquier intento de extenderlo.

En otra expresión pública atribuida a José Luis, de Prensa Comunitaria, se cuestionó directamente la viabilidad de operar y expandir un vertedero en un área descrita como ambientalmente sensitiva. Según esa postura, se trata de un espacio donde convergen elementos naturales y patrimoniales que merecen una protección rigurosa.

Ya para 2025, el foco de la controversia había cambiado de forma más marcada hacia el tema de la expansión. En nuevas denuncias públicas se alegó que el Municipio de Carolina buscaba adquirir terrenos mediante expropiación bajo el planteamiento de una zona de amortiguamiento, mientras que, según los denunciantes, la verdadera intención sería extender la operación del vertedero. En esos señalamientos se advirtió nuevamente sobre el riesgo de impacto a ceibas, yacimientos, petroglifos y aguas subterráneas.

Ese mismo año también resurgieron referencias directas a las denuncias hechas en 2023. En publicaciones posteriores se insistió en que lo denunciado dos años antes no había sido atendido de manera adecuada y que, pese al tiempo transcurrido, persistían los cuestionamientos sobre la operación del vertedero, el manejo de los lixiviados y la cercanía del área a cavernas, acuíferos y otras zonas sensitivas.

Para ese momento, la controversia ya no giraba únicamente en torno a lo que se observaba en videos o a intercambios públicos entre denunciantes y el Municipio. El caso comenzó a tener nuevas dimensiones al entrar de forma más clara en procesos administrativos, judiciales y legislativos.

El 30 de marzo de 2026, un reportaje dio a conocer que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó que la renovación del permiso del vertedero no constituía una decisión final, al concluir que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales manejó incorrectamente el proceso al resolverlo tras una vista informal. Según ese informe, el foro apelativo dispuso que el trámite debía reiniciarse mediante un proceso adjudicativo formal, con las garantías correspondientes para las partes afectadas.

Ese desarrollo colocó nuevamente el caso en el centro de la discusión pública, ya no solo por las denuncias ambientales, sino también por cuestionamientos al proceso mediante el cual se tramitó el permiso.

Al día siguiente, el 31 de marzo de 2026, el Municipio de Carolina sostuvo que el permiso del Sistema de Relleno Sanitario continuaba vigente y en pleno efecto. Según la posición municipal, la determinación del tribunal no anuló la renovación del permiso ni afectó la operación actual del sistema, sino que concluyó que el recurso judicial presentado por terceros fue prematuro y que el asunto debía continuar su curso dentro de la esfera administrativa.

De esa manera, quedaron nuevamente marcadas dos posturas distintas: por un lado, sectores que interpretan la determinación judicial como una confirmación de fallas e irregularidades en el proceso; por otro, el Municipio insistiendo en que el permiso sigue vigente y que la operación del vertedero no ha sido invalidada.

El 6 de abril de 2026, otro reportaje informó que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó la comparecencia ante el Senado del oficial examinador del DRNA, Luis E. González Ortiz, en medio de la investigación legislativa relacionada con el vertedero de Carolina. Según la información publicada, el funcionario había sido señalado dentro de la controversia por haber emitido una recomendación favorable sin haber visitado las instalaciones, lo que aumentó aún más el nivel de cuestionamiento público en torno al proceso.

Con ese escenario, el caso del vertedero de Carolina quedó colocado en varios frentes a la vez: el ambiental, el administrativo, el judicial y el legislativo.

Por un lado, permanecen las denuncias sobre lixiviados, aguas subterráneas y el posible impacto a zonas sensitivas, incluyendo el Río Grande de Loíza, el Bosque Estatal de Piñones y la playa de Piñones. Por otro, el Municipio continúa rechazando las alegaciones de descarga ilegal y defendiendo la legalidad y validez de la operación del sistema. Mientras tanto, las controversias sobre el permiso, la forma en que fue tramitado y la posibilidad de expansión del vertedero mantienen el caso bajo escrutinio público.

El tema no se ha limitado a un intercambio aislado de acusaciones y desmentidos. Se trata de una controversia que ha permanecido activa durante años, que ha generado señalamientos reiterados sobre posibles impactos ambientales en un área sensitiva, y que actualmente sigue desarrollándose en escenarios oficiales donde aún quedan asuntos por dilucidarse